En España se han de crear más normas tributarias referidas al medio ambiente, dirigidas a la lucha contra determinados tipos de contaminación, y más instalaciones de energía solar térmica y fotovoltaica.
En un mundo en el que la preocupación por el medio ambiente es cada vez más creciente impregnando todos los ámbitos de la vida diaria, el derecho no debe, ni puede quedarse al margen de esta realidad social. En consecuencia, el medio ambiente se ha convertido en un bien a proteger, por lo que los poderes públicos han de tomar cartas en el asunto y ponerse en primera línea, no sólo para preservar y conservar, sino también para tratar de mejorar este legado para las generaciones futuras.
La complejidad del problema que plantea a nivel jurídico esta preservación, conservación y mejora del medio ambiente impone una respuesta integral tanto en los ámbitos del ordenamiento jurídico privado como en los administrativos o penales. Hay una urgente necesidad de buscar técnicas económico-jurídicas que completen la regulación existente y es importante encontrar el equilibrio entre el sistema tributario y el medio ambiente.
Para ello es necesario que se introduzcan normas tributarias referidas al medio ambiente, dirigidas a la lucha contra determinados tipos de contaminación y que, además, se adapten las estructuras fiscales existentes a los objetivos ambientales, no sólo para luchar contra la contaminación, sino también para integrar estos objetivos en el sistema impositivo en su conjunto.
Los cambios en el régimen de deducciones medioambientales introducido por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, establecía una limitación temporal de las mismas, fijando su derogación para aquellos períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2011, siendo sólo aplicable de forma temporal a partir de este momento para aquellas deducciones correspondientes a inversiones ya realizadas, pero pendientes de aplicar.
Ahora bien, dada la preocupación actual por el medio ambiente, y la necesidad que existe entre los poderes públicos de concienciar a los empresarios y profesionales en este tipo de inversiones, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, ha mantenido, parte de las deducciones por inversiones medioambientales.
En el marco de la edición número 36 de la jornada, por parte de relevantes actores públicos y privados han sido presentados los datos actualizados de la estructura energética en España.
El plazo para presentar alegaciones finalizará el lunes, 22 de abril de 2024.
