La crisis económica paralizó el debate que se había iniciado en torno a uno de los graves problemas a los que se enfrenta la humanidad: el cambio climático.
Evidencias científicas demuestran que dicho cambio ya está en marcha afectando a varios millones de personas en todo el mundo. En España, país que es altamente vulnerable, el cambio climático puede tener un elevado impacto en el equilibrio ambiental y por tanto social y económico.
Los acuerdos internacionales a nivel mundial y europeo ya en vigor, así como los que se están elaborando y que confluirán en la Cumbre de París de finales de 2015, obligan a los estados a aplicar medidas conducentes, por un lado, a mitigar el cambio climático (limitando el aumento de temperaturas en 2 ºC, lo que ya tendría graves impactos), y, por otro, a adaptarse y reducir en lo posible el impacto de dicho cambio climático.
Asumir este compromiso supone avanzar hacia una transición energética basada en dos principios fundamentales:
- el primero, reemplazar las tecnologías energéticas basadas en combustibles fósiles por otras basadas en recursos renovables, y
- el segundo, conseguir una mayor eficiencia y ahorro energéticos.
Ambos retos, de alcanzarse con éxito, supondrán una transición energética hacia un modelo de desarrollo más sostenible.
La compañia RWE, ganadora del laudo por el recorte expropiatorio de las renovables , exigirá la traba de bienes del Reino en USA para cobrar sus 28 Millones de Euros.
A pesar del aumento de la ambición, los PNEC no logran conectar efectivamente los puntos con lo que ahora importa para hacer realidad la transición energética: despliegue de la red, modernización y flexibilidad.
