En este análisis se tratan las «Perspectivas a 2020», en el que, además de realizar un exhaustivo análisis de la situación de las energías renovables en nuestro país.
¿Se están cumpliendo los objetivos del 20% para el año 2020? Recordemos que dichos objetivos son: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % con respecto a los niveles existentes en 1990; la utilización de un 20 % de energías renovables; y el aumento del 20 % de la eficiencia energética.
El estudio se articula en tres apartados: en primer lugar aborda una descripción detallada de la situación global en España de las energías renovables, distinguiendo la situación en energía primaria, energía final y consumo final bruto, indicando en cada caso los porcentajes de participación de las energías renovables.
En segundo lugar, se realiza un análisis detallado del cumplimiento de los objetivos indicados en el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) documento vigente que los estados miembros debían realizar para dar cumplimiento a la directiva comunitaria. En este capítulo se detalla la situación de los biocarburantes, la energía solar térmica, la biomasa térmica, la geotermia, así como la situación de las renovables en la generación de electricidad (energía hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, energía solar termoeléctrica, etc.).
Finalmente, en un tercer apartado, se realizan unas consideraciones finales en la que se indica qué hacer para alcanzar el objetivo del 20 % de contribución de las energías renovables para el año 2020.
Consultar el documento. Autores: Enrique Soria, responsable de la División de Energías Renovables del CIEMAT; Cayetano Hernández, antiguo director de Energías Renovables del IDAE.
Nos preocupa la actual agenda de transición energética que, lejos de responder a las actuales urgencias, profundiza en los mismos mecanismos que nos han llevado a esta crisis ecológica y social. El manifiesto está disponible en la web para firmar.
La nueva directiva, aprobada el 12 de marzo afecta a todos los Estados Miembros de la UE, que están obligados a incorporar sus disposiciones en sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales en un plazo máximo de 24 meses.