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La Comisión de Expertos propone sustituir los impuestos actuales para abaratar un 7% la electricidad para el ciudadano.

2-4-18. Carlos Mateu
lunes, 2 abril 2018.
Carlos Mateu
La Comisión de Expertos propone sustituir los impuestos actuales para abaratar un 7% la electricidad para el ciudadano.
Estiman que el cierre de las centrales nucleares incrementaría el precio de la electricidad en un 20% y llevaría a duplicar las emisiones de CO2 en el sector eléctrico

La Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética ha concluido su trabajo -que ha sido presentado al Gobierno por su presidente, Jorge Sanz- con un elevado nivel de consenso (11 votos a favor y 3 abstenciones), lo que lo convierte en un instrumento de referencia para la discusión de la futura legislación para la lucha contra el Cambio Climático.

El Informe evidencia las deficiencias del modelo fiscal español y apunta a la fiscalidad como una de las herramientas claves para el cumplimiento de los objetivos comprometidos por el Reino de España con la UE en materia de cambio climático. En concreto, propone sustituir los impuestos actuales por otros que internalicen los daños medioambientales o, lo que es lo mismo, por ‘el que contamina paga’.

Con este escenario, las simulaciones realizadas por la Comisión apuntan a un abaratamiento significativo de la electricidad (casi el 7% para el consumidor doméstico) y a un encarecimiento del gas y de los derivados del petróleo; especialmente, del gasóleo (28,6%). La gasolina subiría menos de un 2%. Estas modificaciones de precios -explica el Informe- son coherentes con la necesidad de electrificar la economía para avanzar hacia la descarbonización y son alcanzables a medio plazo de forma gradual.

El informe incluye tres restricciones en la implantación de esta medida: i) evitar la deslocalización de la industria sometida a competencia internacional y los efectos negativos sobre otros colectivos sensibles, como agricultores y profesionales del transporte; ii) evitar la pérdida de recaudación de las Administraciones Públicas; y iii) no incrementar la presión fiscal.

En este capítulo fiscal, propone también ‘sacar’ de la tarifa eléctrica la financiación de los sobrecostes de las renovables (eléctricas y biocombustibles) y repartirla entre todas las energías finales (electricidad, gas natural y derivados del petróleo). Y que todos los vectores energéticos financien las infraestructuras necesarias para satisfacer el consumo energético (redes, en los casos de la electricidad y del gas, e infraestructuras viarias, en el caso de la gasolina y el gasóleo A).

En ausencia de una fiscalidad distorsionadora, dice la Comisión, España se convertiría en un exportador neto de electricidad a Francia “ya que la mayor penetración de renovables en nuestro país, permite un diferencial de precios eléctricos estructural a favor de España”, explica Sanz, presidente de la Comisión de Expertos.

 

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