Lawfare y retroactividad fotovoltaica

Si bien el Tribunal Constitucional en la sentencia 270/2015 ya consideró que el Real Decreto-Ley 9/2013 no infringe el principio de irretroactividad, es el Tribunal Supremo quien cierra definitivamente las vías de oposición de los inversores españoles con su sentencia del 13-7 de 2016, poniendo fin a la multiplicidad de veredictos que en todos los sentidos venían dictando los Tribunales de inferior rango.

Sin embargo, allende nuestras fronteras, donde el imperio de la ley no es local, los Tribunales Internacionales del Banco Mundial - CIADI- con sus arbitrajes abrumadoramente mayoritarios a favor de los inversores enmiendan la plana a la judicatura nacional, evidenciando con sus argumentos la incongruencia del orden jurídico español respecto de los principios suscritos por el propio país en el Tratado de la Carta de la Energía.

A sensu contrario, llama la atención la coincidencia de criterios entre poderes teóricamente independientes: ejecutivo y judicial; y es por ello que se propone breve cuestionario para que cada lector trate de determinar si en este caso de la Retrovoltaica ha existido/existe Lawfare:

1. Uso del poder por parte de la función judicial. En el lawfare la ley solo tiene relevancia en la medida en que  permita alcanzar un objetivo diferente. Si la ley no le facilita este camino, se ignora o distorsiona para superar el obstáculo.
    
2. Implica un acuerdo o convergencia de actuación entre sectores políticos, grupos de presión y funcionarios judiciales.
    
3. Dimensión de relevancia y de magnitud significativas.
    
4. Objetivos extrajurídicos: está dirigido contra un gobierno, partido/figura política o contra una política pública.

En cuanto a resultados tras la intervención, en los casos de Lawfare resultan tangibles sus efectos : tanto condenas, como reversión de políticas puntuales y/o condicionamientos en la adopción de políticas futuras.

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Petición de Comisión de Investigación Parlamento por fraude institucional a inversores en fotovoltaica